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¿Es el concurso de acreedores una solución o es una trampa para las familias en crisis?

Según el INE, 938 familias españolas se declararon en concurso de acreedores ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas en el año 2009. En el 2008 lo hicieron 404, el incremento es de un 132,2%.

 

El concurso de acreedores de particulares es lo que antes se conocía como suspensión de pagos y desde 2004, con la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal, se denomina Concurso de Acreedores de Personas Físicas. Generalmente, las personas que se declaran en concurso de acreedores son personas que han perdido su puesto de trabajo y no pueden hacer frente ni a su hipoteca ni al resto de sus deudas: recibos, tarjetas de crédito... Son deudores hipotecarios sobreendeudados.

 

En la mayoría de los casos se ha llegado a esta situación tras una mala gestión económica o una mala planificación financiera y acuden a esta vía del concurso de acreedores porque creen que pueden paralizar el embargo de su vivienda y continuar viviendo en su casa. Sin embargo, lo primero que hay que dejar claro es que el concurso de acreedores no paraliza la ejecución de la hipoteca; de acuerdo con lo que establece la Ley Concursal, para que no se ejecutara sería necesario que la vivienda estuviese afecta a la actividad empresarial, por ejemplo, no se embargaría la vivienda hipotecada de un profesional (dentista, abogado…) que ejerciese su trabajo en su domicilio particular.

 

Tras la declaración en situación de concurso, el juez nombra un administrador concursal para administrar los bienes y deudas de la familia. El administrador elabora un informe en el que refleja el activo y el pasivo de la familia y determina las causas de la situación de insolvencia. Posteriormente, se puede llegar a un acuerdo con los acreedores y establecer un convenio para el pago de las deudas o bien ir a la liquidación, (la mayoría de los concursos de acreedores de particulares terminan en liquidación).

 

En el convenio, además de establecer la forma de pago de las deudas, el administrador puede fijar la cantidad que el afectado va a disponer para comprar alimentos y para pagar las facturas que se vayan generando. En el supuesto de que no se alcance un acuerdo (un convenio) con los acreedores se inicia la liquidación de la totalidad del patrimonio con la que se pagará a los acreedores.

 

En principio se puede pensar que utilizar esta vía es una alternativa apropiada si se está ahogado con deudas de todo tipo, pero lo cierto es que genera importantes inconvenientes que hay que conocer de antemano para poder adoptar la decisión de presentar una solicitud de concurso de acreedores con el máximo criterio posible.

 

INCONVENIENTES

 

El principal handicap del concurso de acreedores para particulares es que generalmente la mayor parte de su deuda proviene de la hipoteca, que es un préstamo con una garantía muy concreta, la vivienda. Si el consumidor no paga las cuotas de la hipoteca responde la vivienda por lo que resulta complicado y difícil llegar a un acuerdo sobre aplazamientos de pago o reducción de la deuda con los bancos si hay un crédito hipotecario de por medio. En el caso de la hipoteca, la Ley Concursal no garantiza la paralización automática del embargo, lo que sí sucede con deudas ajenas a la hipoteca, como por ejemplo, los préstamos personales y los créditos al consumo. Para las hipotecas, existe un plazo de un año en el que los acreedores no pueden ejecutar el embargo de los bienes. Ahora bien, este plazo de suspensión de un año sólo se aplica cuando se trata de la vivienda de un profesional que ejerce su trabajo en su domicilio particular.

Además, el concurso de acreedores es un procedimiento con un coste muy elevado para el consumidor porque hay que pagar al abogado, al procurador, al administrador concursal, hacer publicaciones… Todos estos costes suelen oscilar entre un 10% o un 15% de la deuda, que viene a sumarse a la originaria que tenía contraída y que, por tanto, también tiene que afrontar. Es probable que una familia que esté desbordada por todas las deudas que tiene no pueda soportar la suma de otro gasto de esas dimensiones. Cabe la posibilidad de solicitar un abogado y procurador del turno de oficio pero es necesario reunir una serie de condiciones económicas que no cumple todo el mundo aunque estén ahogados con las deudas.

 

Otro de los inconvenientes surge con la aplicación del artículo 145 de la Ley Concursal. La declaración de concurso permite al deudor mantener su derecho de alimentos con cargo a sus bienes (al activo del informe), pero una vez que comienza el proceso de liquidación, el artículo 145 de la Ley excluye expresamente este derecho. Por tanto, si el deudor no tiene trabajo ni ninguna otra fuente de ingresos tendrá que buscar alguna fórmula para poder tener su manutención cubierta.

 

VENTAJAS

 

El concurso de acreedores resulta más idóneo para los préstamos personales y créditos al consumo. La declaración de concurso supone la paralización automática de los intereses y del embargo en el caso, por ejemplo, de préstamos personales y los créditos al consumo. Paraliza las demandas interpuestas por falta de pago y la ejecución de los bienes que se estén tramitando.

 

Además, la Ley establece que, si se dan determinadas circunstancias, el convenio de acreedores puede conceder un plazo máximo de cinco años para la devolución de la deuda, que puede llegar a rebajarse hasta un 50%.

 

Otra de las ventajas del procedimiento concursal es que el trámite en el que el administrador judicial determina el activo y el pasivo de la familia y se establece la forma de pago de las deudas puede prolongarse un año, lo que “concede” a la familia un período de tiempo para intentar reforzar la economía familiar, por ejemplo, incorporándose de nuevo al mercado laboral. Actualmente, con la sobrecarga de trabajo existente en los Juzgados Mercantiles, el plazo de un año puede llegar incluso dos años.

 

CONCLUSIONES

 

  1. La declaración de concurso de acreedores de particulares podría parecer una solución idónea cuando las deudas nos ahogan pero existen importantes cuestiones en su formulación que hacen que, en la práctica, sea una ley pensada para las empresas y no para los particulares.
  2. El Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia, Santiago Hurtado Iglesias, recientemente nombrado Presidente de la Sección Especial de la Comisión de Codificación Mercantil para la reforma de la Ley Concursal, en el marco del encuentro profesional de la Fundación Walters Kluwer-EXPANSION, afirmó que el sobreendeudamiento de particulares será una de las cuestiones que estudiará la Comisión encargada de diseñar la reforma concursal. “La Ley Concursal no está preparada para el concurso de particulares y están creciendo las estadísticas. Hay que abordar una regulación”, insistiendo en que el modo en el que se realizará es aún una incógnita. “Esa legislación a lo mejor no debe tener encaje en la Ley Concursal sino que debe ir en una legislación paralela (…)”.
  3. La magistrada Mar Hernández ve más adecuada la figura del concurso del consumidor, una figura no contemplada en la Ley Concursal que protege más al particular con dificultades económicas ya que se trata de un procedimiento «menos costoso y más rápido, porque el consumidor no tiene que pagar los gastos del concurso».
  4. El director del Centro de Estudios de Morosología de la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona, Pere Brachfield, asegura que “si una familia tiene problemas para llegar a pagar sus deudas, es evidente que no podrá embarcarse en un proceso judicial que le supondrá un enorme gasto y que puede durar varios años hasta que haya una resolución. Tal y como está hecha la ley, resulta impracticable para los particulares”.
  5. Según Brachfield, la nueva ley es insuficiente, y habría que actuar a partir de ahora en dos frentes. Por un lado, “formular una ley especial para regular las situaciones de insolvencia sobrevenida para los consumidores, de manera que se paralice durante un tiempo la ejecución de las deudas para que se puedan reorganizar y tratar de salir adelante”. Y por otro lado, en su opinión, “sería necesario crear unas oficinas autonómicas oficiales al margen de los juzgados, que actúen como intermediarios entre la persona física y sus acreedores, y que emitan acuerdos vinculantes entre ambas partes”.
  6. Por tanto, en términos generales, consideramos que la regulación legal del concurso de acreedores de personas físicas no está hecha para los particulares y sólo es recomendable acogerse a ella en casos muy determinados como cuando se posee un patrimonio que supera el valor de la deuda.

 

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