Publicidad no solicitada

En junio de 2007, nuestro asociado suscribió con una conocida entidad de crédito un contrato de préstamo para financiar la compra de un coche. Tras abonar tres mensualidades, decidió pagar el total del importe pendiente de la deuda, para así liquidar ese crédito y la relación con el banco.

Posteriormente comenzó a recibir en su domicilio cartas de esa entidad que contenían tanto publicidad, como alguna tarjeta bancaria no solicitada. Nuestro asociado rompió esas cartas y contactó con ellos telefónicamente para que impidieran la realización de nuevos envíos.

El problema surgió porque en junio de 2008 comprobó que se le había realizado un cargo por importe de 45 euros en la cuenta corriente que tenía en otra entidad bancaria. Ante esta situación, les telefoneó para formalizar una reclamación, y le dijeron que ese cargo se correpondía con unas apuestas realizadas a través de Internet usando una tarjeta bancaria que le habían remitido.

Puesto que nuestro asociado no había suscrito ningún contrato de tarjeta bancaria con esa entidad, no había hecho uso de esa tarjeta, ni había realizado apuesta alguna, les solicitó la anulación y dio orden a su banco de devolver esos recibos.

Sin embargo, la entidad se mantenía firme en la exigencia de la supuesta deuda, y la situación fue empeorando dado que le remitieron diferentes escritos reclamándole la deuda así como unos intereses de demora que le aplicaban, y hacía que, solo 4 meses después, le exigieran más de 200 euros. Por otro lado, le notificaron que sus datos se habían incluido en un fichero de solvencia patrimonial (registro de morosos).

En ese momento, nuestro asociado decidió acudir a CECUMadrid, desde donde le dirigimos un escrito a la entidad de crédito solicitando en primer lugar el cese de reclamación de la deuda, dado que no había quedado acreditado que él realizara esas apuestas, y porque la legislación de consumo impide cobrar por artículos enviados sin el consentimiento del consumidor (en este caso la tarjeta bancaria), y en segundo lugar, les solicitábamos que cancelaran sus datos conforme establece la Ley Orgánica de Protección de Datos, pues en caso contrario procederíamos a realizar una denuncia ante el organismo competente (AEPD).

Unos días después de la recepción del escrito, el banco se puso en contacto con CECUMadrid, para informarnos de que, tras un estudio del caso, habían decidido no reclamar a nuestro asociado los importes de las utilizaciones realizadas con la tarjeta, dado que “habían concluido una posible utilización fraudulenta de la tarjeta de crédito”. Por otro lado, accedían a la anulación de la deuda, de los intereses, de sus datos, y procedían a cancelar futuros envíos comerciales de la empresa a nuestro asociado.

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