Ref. 20/2010 Garantías adicionales en alquileres

Los bancos y entidades financieras imponen garantías

adicionales en los alquileres de vivienda de hasta siete

mensualidades

 

La Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid ha detectado la existencia de condiciones que, afortunadamente son poco habituales en el mercado de arrendamientos de vivienda, en aquellos contratos de arrendamientos con particulares, en los que resultan arrendadores empresas pertenecientes a entidades bancarias. Dichas condiciones tienden a garantizar el pago de la renta en los alquileres de las viviendas, generalmente, pertenecientes a sus fondos de gestión inmobiliaria.


Sólo de esta forma y a titulo de ejemplo, se entiende que en el contrato de arrendamiento por plazo de un año realizado por BANIF INMOBILIARIO, empresa del Grupo Santander, a una socia de CECUMadrid, la entidad financiera le impusiera, además de la fianza habitual en estos casos de una mensualidad, una cláusula, denominada garantía adicional, de 3.600 €. (unas 600.000 de las antiguas pesetas). Esto quiere decir que sumado a los 600 euros de la fianza, alquilar un piso cuya renta es de 600 euros al mes, supone un desembolso inicial de de 4.800 euros. A la luz de la reciente reforma operada en el procedimiento judicial para los desahucios por falta de pago, cuyo fin es dotar de la mayor agilidad a los mismos, dicha garantía parece a todas luces desorbitada, máxime si tenemos en cuenta que el Gobierno intenta con, esta y otras disposiciones, incentivar el alquiler, como modo de que las capas mas desfavorecidas de la sociedad puedan acceder a una vivienda digna.


Es igualmente destacable el hecho de que ante el desistimiento del contrato por parte de la arrendataria por causas personales, de los que informo a la arrendadora con mas de 40 días de antelación, y una vez consumida dos prorrogas del contrato, se le aplique la penalización máxima consistente en una indemnización que coincide exactamente con la garantía adicional desembolsada, sin aplicar la que por analogía fija la vigente ley de arrendamientos urbanos en contratos superiores a cinco años, que consiste en la indemnización de una mensualidad por año que reste de contrato, prorrateándose dicha cantidad por tiempos inferiores.


CECUMadrid
considera estas prácticas muy poco ejemplarizantes sobre todo en los tiempos de crisis económica en la que vivimos, pues con ellas no se cumplen los fines del Gobierno recogidos en la Ley de Economía Sostenible y atentan directamente contra los colectivos más desfavorecidos de la sociedad (inmigrantes, jóvenes) o más débiles económicamente, que necesitan imperiosamente una vivienda. CECUMadrid también se pregunta dónde se depositan este tipo de garantías, si producen algún tipo de interés y si de producirse se le incluyen al arrendatario en la devolución que necesariamente habrá de hacersele pasado el plazo máximo de cinco años que marca la ley para renovar los contratos. En todo caso CECUMadrid es partidaria de modificar  la actual Ley de Arrendamientos Urbanos respecto a la cuantía de la fianza que debe pagar el arrendatario, sin dejarlo al albur de las partes, así como para solucionar el vacío legal existente en la actual ley respecto la indemnización que el arrendador puede cobrar en caso de desistimiento en contratos de duración inferior a cinco años.


Por último CECUMadrid recuerda a las entidades financieras, que este tipo de comportamientos echa por tierra los actuales esfuerzos por fomentar el alquiler, equilibrar el mercado de la vivienda en nuestro país y sacar al mercado los inmuebles actualmente inmovilizados.



Madrid 18 de Mayo de 2010
Gabinete de prensa de CECUMadrid

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