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El Consejo de Consumidores y Usuarios solicita al Gobierno una prórroga de las moratorias legales más allá del plazo mínimo de tres meses inicialmente establecido.

Madrid, 16 de junio de 2020.-

La prórroga de las moratorias legales para hipotecas y créditos más allá del plazo mínimo de tres meses inicialmente establecido es una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de consumidores en la reunión mantenida la pasada semana con la Directora General de Consumo, Bibiana Medialdea.

Las organizaciones pertenecientes el Consejo de Consumidores y Usuarios y el presidente del CCU, Carlos Ballugera, consideran que las propias asociaciones del sector bancario, al ofrecer moratorias convencionales de hasta un año para los usuarios, han reconocido la necesidad de esta prórroga debido a las dificultades económicas generadas por la crisis de la COVID-19. Este ofrecimiento de las entidades financieras se considera, sin embargo, insuficiente, ya que las moratorias convencionales conllevan el mantenimiento del pago de intereses remuneratorios por las personas consumidoras, mientras que en el caso de las moratorias legales no se cobran tales intereses durante su periodo de vigencia. Por ello insisten al Gobierno en la extensión en el tiempo de las moratorias legales, con el fin de que los usuarios puedan beneficiarse de la suspensión tanto de la deuda hipotecaria como del pago de intereses

El Consejo de Consumidores y Usuarios ha debatido sobre la denominada “tasa COVID”, que están implantando diferentes comercios, bares y restaurantes con el objetivo de compensar los gastos añadidos asociados a las medidas de seguridad e higiene que requiere la actuación contra el coronavirus.

La Dirección General de Consumo ha remitido una nota informativa a todas las comunidades autónomas indicando que la posición del Ministerio en relación a esta tasa es considerar la misma una cláusula abusiva cuando se desglosa en la factura, ya que se refiere a gastos de obligado cumplimiento para los establecimientos y no a servicios accesorios opcionales sobre los que el consumidor tenga capacidad de aceptación o rechazo, y supone trasladar al consumidor la obligación de sufragar unos gastos que competen exclusivamente al proveedor en el desarrollo de su actividad comercial o profesional.

En relación a otros asuntos, en la reunión mantenida se valoró positivamente la agilidad con la que se ha resuelto la cuestión del reembolso de los viajes cancelados del IMSERSO, solicitándose igualmente el control y seguimiento de las agencias autorizadas para la comercialización de estos viajes en relación con las devoluciones. Se alertó sobre las subidas de precios, particularmente en los alimentos y productos básicos, considerándose necesario que la Administración permanezca atenta a la aparición de abusos en ese ámbito. Se advirtió sobre la proliferación de ofertas de compra o empeño de oro y joyas, aprovechando la situación desfavorable de muchas personas en el estado de alarma, con intereses más que usurarios, Y se solicitó de nuevo la reanudación del sistema arbitral, que en algunas comunidades autónomas ya se ha puesto en marcha y que, en todo caso, debería volver a la normalidad a partir del día 21.

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